Por Mayo Educación Ejecutiva

El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por el cese temporal de las actividades económicas durante el estado de emergencia sanitaria a raíz del COVID-19. En la actualidad, en la cual nos encontramos en el contexto de la reactivación económica de todos los sectores productivos, el principal problema del sector construcción es la paralización de las obras públicas. Esta situación ha llevado al Estado a presentar un proyecto de ley para la reactivación las actividades de este sector. En este contexto, es importante resaltar que ya existen herramientas que ayudan a resolver controversias que retrasan la entrega de dichas obras. Nos referimos a la Junta de Resolución de Disputas (JRD). Según el ingeniero civil Alexis Rodríguez Cabanillas, Perito de varios Centros Especializados en Resolución de Conflictos, estas juntas se definen como un ente formado por uno o tres miembros expertos en obras, denominados adjudicadores, los cuales inician sus funciones a partir del inicio de la obra. Su función principal es evitar controversias o resolverlas cuando ya se han generado. Es decir, son una entidad con la sola finalidad de prevenir que las controversias que siempre aparecen en cualquier proyecto de construcción aumenten innecesariamente los costos de este. Como sugiere Rodríguez Cabanillas, siempre será preferible tomar una decisión cuando emerge el conflicto. Cualquier decisión tomada hoy para resolver una controversia siempre será menos costosa que tomarla en el futuro. Es una manera de ahorrar costos y, por ende, asegurar el retorno de la inversión de los clientes.

Dentro de su exposición, el ingeniero explicó las características de una JRD. Es permanente y presencial, ya que se espera que los integrantes observen todo el desarrollo de la obra para conocerla lo mejor posible para proponer mejores soluciones a las controversias. También, tiene un carácter especializado. Es decir, se prefiere a un arquitecto como parte de una JRD en una edificación, ya que su formación y trayectoria profesional lo han especializado en proyectos de este tipo y no, por ejemplo, en la pavimentación de una carretera. Asimismo, las JRD son preventivas y rápidas. Como mencionamos antes, la prevención de controversias siempre será menos onerosa, porque elude retrabajos y retrocesos. En ese mismo sentido, las decisiones de una JRD son muchos más rápidas que otras formas de resolver diferencias entre las partes. Por ejemplo, una decisión de una JRD frente a una controversia tiene que salir en 15 días hábiles. En cambio, un arbitraje, dependiendo del modelo usado, puede tomar entre 6 meses a año y medio en resolver una controversia. Finalmente, las decisiones de una JRD no son definitivas. De acuerdo con Rodríguez Cabanillas, si una de las partes no está de acuerdo con la resolución de la JRD, puede llevar la controversia a un arbitraje.

La norma relacionada a la JRD es la conocida Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. En esta misma, se estipula que las JRD deben ser organizadas y administradas por un Centro Especializado en Resolución de Conflictos. A su vez, cada uno de estos centros tiene sus propias normativas internas, las cuales se deben alinear a la Directiva 012 del Estado. En nuestro país, los Centros más conocidos son los pertenecientes a universidades de prestigio (como la PUCP), los diferentes colegios de ingenieros (como los de la ciudad de Lima, Piura o La Libertad) o entidades privadas (como la Cámara de Comercio de Lima).

En el webinar de MAYO, dictado por el ingeniero Alexis Rodríguez Cabanillas, nos adentraremos en los beneficios y utilidades que las JRD puede brindar a los proyectos en curso. En este artículo, para finalizar, solo nos queremos centrar en las herramientas que aseguran la eficacia de una JRD. Según el Perito Rodríguez Cabanillas, la eficacia, dentro del sector de la construcción, se define como la capacidad alcanzar los objetivos de una JRD, los cuales consisten en promover la prevención de controversias y garantizar una solución técnica y expeditiva de las mismas en la ejecución de obras. Para asegurar esta eficacia, se cuenta con las siguientes herramientas. En primer lugar, el análisis Beneficio/Costo consta de una operación analítica que nos permite concluir si un proyecto es económicamente aceptable. Es decir, si vemos que la relación es entre ambos elementos es menor a la unidad, se determina que no es viable continuar con el proyecto. De manera excepcional, por tratarse de contrataciones con el Estado, si el resultado del análisis es igual a la unidad, o muy cercano a ella, los factores no económicos ayudarán a tomar la decisión definitiva sobre el proyecto en cuestión. En segundo lugar, el matriz de seguimiento de una obra nos permite acompañar los diferentes procesos dentro de una obra. Esta matriz ordenará, por relevancia y urgencia, los problemas que van apareciendo durante el ejercicio del proyecto. Asimismo, permite racionalizar el trabajo en el área específica que lo necesite. De ese modo, nos concentramos más en los problemas que requieren mayor trabajo de parte de los equipos involucrados. En tercer lugar, las sesiones tipo ICE (Integrated for Concurrent Engineering) son sesiones de trabajo colaborativo en la que los participantes deben, de preferencia, tomar decisiones sobre los problemas acaecidos en una obra. La finalidad de estas sesiones son integrar a todos los equipos de trabajo para colaborar entre ellos y llegar a acuerdos que afectan a todo el proyecto. Rodríguez Cabanillas recomienda que estas no sean reuniones tradicionales donde simplemente se dialoga, sino que se acompañen  de proyectores y el software necesario para visualizar la obra en su totalidad, lo cual ayuda a que las decisiones sean productivas para todos los involucrados en el proyecto.